Comisión
de Legislación del Trabajo

S/C

Versión Taquigráfica
N° 1904 de 2008

CENTRO INTEGRAL DEL PERSONAL DE ANTEL

Comisión Directiva de CIPA
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SERVICIO MÉDICO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CÁRCELES

Pases a disponibilidad
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PESCADORES NO SINDICALIZADOS

Ingreso al Puerto
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Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 10 de
diciembre de 2008

(Sin corregir)

PRESIDE:

Señor Representante
Tabaré Hackenbruch Legnani.

MIEMBROS:

Señores
Representantes Hugo Arambillete, Pablo Iturralde Viñas y Jorge
Pozzi.

DELEGADOS
DE SECTOR:

Señor
Representante Pablo Abdala.

INVITADOS:

Por CIPA,
señoras Susana Vieitez, Tesorera e Isabel Mollo; contadores Wilson Flores,
Presidente y Juan Cairus, Secretario.

Por Servicio Médico de
la Dirección Nacional de Cárceles, doctores Humberto Danilo Rodríguez y
Joel Pereyra; enfermeros José Bedrosian y Sergio Valerio, acompañados por
el Cabo Ezequiel López, Secretario Sindicato Policial.

Por
Pescadores no Sindicalizados, señores Adolfo Fros, Walter Magliano, Juan
Carlos Fros y Oscar Luzardo.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Habiendo número, está
abierta la reunión.

La Comisión de Legislación del Trabajo tiene el gusto de
recibir a una delegación de la Comisión Directiva del Centro Integral del
Personal de ANTEL CIPA, integrada por el contador Wilson Flores, Presidente, el
contador Juan Cairus, Secretario, la contadora, Susana Vieitez, Tesorera y la
señora Isabel Mollo.

SEÑOR FLORES.- En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión
por recibirnos.

Voy a comenzar mi exposición haciendo una breve presentación del Centro
Integral del Personal de ANTEL. Fue creado en mayo de 1999, pero se empezó a
gestar en 1996. Su aparición se debe a que SUTEL, el gremio mayoritario de
ANTEL, no defendía los intereses de muchos de los trabajadores. Nuestro Centro
está conformado por profesionales, Jefes de Unidad y Gerentes. A la fecha, tiene
351 socios. Representa casi al 50% de los Grupos 1 y 2, integrados por los
profesionales, los Jefes de Unidad y los Gerentes.

Hoy, nuestra delegación está compuesta por la contadora Susana Vieitez,
Tesorera, la señora Isabel Mollo, el contador Juan Cairus, Secretario y quien
habla. Como verán, no hay ningún abogado. Esto se debe a venimos como gremio y
queremos dar nuestro enfoque desde ese punto de vista. Por lo tanto, podemos no
ser precisos en algunos asuntos legales.

El tema por el cual pedimos esta entrevista es la negociación colectiva en el
sector público, fundamentalmente cuando existen varios gremios y uno de ellos,
definido por algunos como el más representativo, ataca permanentemente a los
trabajadores de los grupos de Dirección. Nuestra intención es presentar esto en
el marco de la reglamentación vigente y, sobre todo, tratar de hacer aportes
para futuras reglamentaciones.

Estamos en conocimiento de la existencia de dos proyectos de ley: uno sobre
la negociación colectiva en el sector público y otro con respecto a la
negociación colectiva en el sector privado. Solamente para la versión
taquigráfica es importante recordar que en el Uruguay tenemos un régimen de
pluralidad sindical. Digo "solamente para la versión taquigráfica" porque todos
lo sabemos.

Vamos a dividir nuestro planteo en tres puntos: la situación actual, qué es
lo que se hizo frente a ella y qué es lo que se puede hacer. Les vamos a
entregar un material que acompaña nuestra exposición.

Con respecto a la situación actual, no tengo más remedio que hablar de SUTEL,
un gremio que tiene más de 3.500 trabajadores afiliados. Sin embargo, no es el
único gremio. Además de SUTEL existen otros gremios: ACCTA, AETA, gremios de los
guardahilos, CIPA y probablemente algún otro.

En el material que les entregué figuran, en primer lugar, los estatutos de
SUTEL. El problema fundamental es que SUTEL no cumple con sus estatutos. Por
ejemplo, en el artículo 6º se establece: "Las finalidades de la entidad
gremial con prescindencia absoluta de ideas políticas, religiosas o sectarias,
son: a) como entidad gremial de los funcionarios de ANTEL su preocupación
fundamental será la de defender el sueldo, salario y las condiciones de trabajo
de los mismos (...)". Al leer, puse énfasis en la palabra "funcionarios" porque
lo que está ocurriendo es que no defiende el sueldo, el salario y las
condiciones de trabajo de muchos de los funcionarios, en particular de los de
Dirección, es decir, de los Grupos Ocupacionales 1 y 2 de ANTEL, integrado por
los profesionales, los Jefes de Unidad y los Gerentes, que representan nuestra
mayor masa societaria. El punto g) dice: "fomentar relaciones con sociedades
análogas nacionales e internacionales y procurar reciprocidad de beneficio con
dichas instituciones". Indudablemente que con nosotros, que somos una sociedad
análoga, no está fomentando las relaciones. De todas formas, lo importante es el
punto a), puesto que no defiende el sueldo, el salario ni las condiciones de
trabajo.

En los repartidos siguientes mostramos algunas de las agresiones. Digo esto
porque ya no solo no es defensa sino agresión hacia los Grupos Ocupacionales 1 y
2. En el Congreso Nacional de Delegados del 21 de octubre de 2005, el Sindicato
pide que el Directorio "entregue a Sutel el listado de las Compensaciones de los
mandos de Dirección". En el punto 3 se solicita al Directorio la eliminación de
las Compensaciones de los mandos de Dirección. En el punto 6 se establece:
"Exigir que los mandos de Dirección registren su entrada y salida al igual que
el resto de los funcionarios". En el punto 8 se reclama: "Exigir al Directorio
de Antel que las negociaciones, el relacionamiento con los trabajadores, sea
UNICAMENTE con SUTEL," todo con mayúsculas "por ser el UNICO SINDICATO
REPRESENTATIVO DE LOS TRABAJADORES DE ANTEL". El punto 9 dice: "Solicitar al
Directorio, la rotación a nivel del interior, de los Gerentes Zonales, Jefes
Departamentales y Jefes Locales".

En definitiva, no solo no defiende sino que ataca a este grupo de
trabajadores.

En el siguiente repartido, en un informe de octubre de 2005, se expresa:
"(...) y los niveles de Dirección grupos 1 y 2 perciban compensaciones de
privilegios, cuando ya cobran por concepto de sueldo montos sensiblemente
superiores (...)", y continúa.

En el repartido siguiente, titulado "Reestructura", redactado por el
Secretario General de SUTEL, se cuestiona si los mandos de Dirección seguirán
percibiendo compensaciones de privilegio y si se continuará con la estructura
gerencial, puesto que los mandos de dirección ya tienen diferencias salariales
importantes con los demás.

El 26 de agosto, SUTEL escribe: "¿Es o no este CIPA el mismo que ha
consagrado las compensaciones gerenciales bien 'diferenciales'," remarcada "como
por ejemplo SUS EVALUACIONES AL DESEMPEÑO, MENSUALES Y AL TOPE (...)". Más
adelante aparece: "¿Algún compañero ha visto al CIP preocuparse por los abusos
en la compensación por 'Casa Habitación' (...)", y hay otros remarcados. Creo
que no es momento de justificar si están bien o mal las compensaciones o los
sueldos. Sabemos que están por debajo de los valores del mercado, y prueba de
ello es que muchos profesionales y gerentes jóvenes se van. De todos modos, está
comprobado que SUTEL no solo no cumple con sus estatutos sino que, por el
contrario, nos ataca.

Entonces, preguntamos: ¿puede un gremio representar en una negociación
colectiva a determinada categoría de trabajadores cuando nos ataca? ¿Puede
defender nuestros salarios y nuestras condiciones de trabajo? Por lo que se ve,
no puede. Somos setecientos cincuenta trabajadores de estos Grupos Ocupacionales
1 y 2 que estamos en manos de un sindicato que no cumple con sus finalidades,
con su estatuto y fundamentalmente con lo que se espera de un sindicato. El
diccionario de la Real Academia Española dice que un sindicato es una asociación
de trabajadores constituida para la defensa y la promoción de intereses
profesionales, económicos y sociales de aquellos.

A alguien se le podría ocurrir que nosotros deberíamos aumentar nuestra masa
societaria para ser representativos, pero esto es imposible. Tenemos un techo
por la famosa pirámide y quienes ocupan los cargos de Dirección siempre son
menos que los restantes funcionarios.

Este planteo que hacemos ahora se hace a nivel sindical, y podría hacerlo
cada uno de los trabajadores de los Grupos Ocupacionales 1 y 2 que
permanentemente somos agredidos por SUTEL.

Entonces, nos preguntamos qué se puede hacer para solucionar esto. Hay varias
cosas, pero en lo inmediato ANTEL podría haber aplicado criteriosamente las
normas internacionales, cumpliendo con el rol del Estado. ANTEL no es solamente
empleador sino que representa al Estado.

El siguiente repartido refiere a un acuerdo ANTEL-SUITEL, de octubre de 2003.
En este repartido, en el numeral 1 "Ámbito Personal de Aplicación", del
Capítulo 2, hemos remarcado lo siguiente: "Este convenio se aplicará a todos los
funcionarios presupuestados de ANTEL, exceptuándose especialmente el personal de
dirección de la empresa, entendiéndose por tal los cargos de Jefe de Unidad y
superiores". Este es el antecedente, y lo que ocurrió en 2003. Hoy se está
planteando que haya una negociación colectiva que incluya a todos los grupos
ocupacionales, en los que, obviamente, los jefes, profesionales y gerentes somos
minoría.

¿Qué se puede hacer a más largo plazo? Nosotros creemos que hay que legislar,
de manera de evitar estos problemas, atropellos y discriminación de las minorías
por parte de las mayorías, sobre todo evitando la falta de criterio y sentido
común que en este caso tiene el Estado.

A continuación, voy a referirme a lo que se hizo. ANTEL hizo consultas en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y hay un expediente en el que la
Asesoría Letrada informa que: "el convenio colectivo debe celebrarse con el
Sindicato más numeroso", para lo que se basa en la Ley
Nº 12.501, de la industria papelera, cartonera y afines.
Posteriormente, hay otro expediente, por el que se consulta al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social respecto al criterio para determinar la organización
sindical más representativa, y este, el 15 de febrero de 2006 toma en cuenta el
principio de no injerencia e indica que la Ley
Nº 12.501 no es de aplicación porque es restringida al tema que encara,
es decir a las papeleras, cartoneras y afines. Entonces, utiliza los criterios
de la Ley
Nº 13.556, que son antigüedad, continuidad e independencia.

Luego, el 15 de junio de 2006 la Asesoría Letrada de ANTEL informa que los
criterios a seguir para determinar cuál es la entidad más representativa son los
señalados por la Ley Nº 13.556, que son criterio numérico, antigüedad,
continuidad e independencia. Posteriormente, el 28 de junio de 2006 el
Directorio resuelve disponer a través de una Resolución lo dictaminado por la
Asesoría Letrada. Por tanto, el CIPA queda fuera de la negociación.

Entonces, el CIPA recurre, y esto figura en el expediente Nº 2006/04287.
Luego, el 6 de diciembre de 2006 la Asesoría Letrada dice que no ha lugar y
reitera que se deben aplicar los criterios de la Ley
Nº 13.556. Más adelante, el 16 de enero de 2008, el Ministerio de
Industria, Energía y Minería dispone: "No ha lugar por ser ajustado a derecho de
acuerdo a las pautas establecidas por la Ley
Nº 13.556, es decir, la antigüedad, la continuidad y la independencia".
En el siguiente repartido figura la resolución dictada por el Presidente de la
República. En el Considerando II se dice: "[...] por ser ajustado a derecho, de
acuerdo a las pautas establecidas por la Ley
Nº 13.556 de 2 de octubre de 1996, es decir, la antigüedad, la
continuidad y la independencia [...]".

Por otro lado, la Ley Nº 13.556 refiere esto es increíble a licencias
anuales, y el artículo 1º dice: "Declárase, a los efectos de la aplicación
del artículo 1º de la Ley Nº 12.590, (...)", que también era sobre licencias
anuales. Entonces, podríamos pensar, sin ser abogados, que atiende a la esfera
privada y no a la pública. Asimismo, esta ley, en el tercer y cuarto párrafo
dice: "Si más de una organización se atribuye la representación de los
trabajadores afectados, y no hay acuerdo entre ellos para la concertación del
convenio, solo será válido el suscrito por la organización más representativa.
Para la calificación de más representativa se tendrá en cuenta, en el orden que
se expresan: a) Los resultados de elecciones de delegados en los Consejos de
Salarios y Cajas de Compensaciones de Asignaciones Familiares u otros organismos
de integración análoga.- b) La antigüedad, continuidad e independencia de la
organización".

Esto fue lo que se hizo por parte de ANTEL, el CIPA y el Ministerio de
Industria, Energía y Minería. Para nosotros es sorprendente que se aplique una
ley que refiere a licencias anuales que dice: "Declárase, a los solos efectos
(...)". También es increíble y sorprendente lo decimos sin ser abogados, y lo
vimos en Internet que la Ley Nº 15.328 deroga la Ley
Nº 13.556. El artículo 16 de la Ley
Nº 15.328 dice: "Deróganse las leyes 9.675, de 4 de agosto de 1936,
13.556, de 26 de octubre de 1966 en su artículo 1º y todas las que se
opongan a la presente ley". Quiero acotar que la Ley
Nº 15.328 está titulada "Convenios Colectivos de Trabajo", por lo que
podríamos decir que esta normativa refiere más a nuestra actividad.

En definitiva, nos sorprendimos por esto, ya que se está aplicando una ley
que, a nuestro criterio, fue derogada sin duda ustedes saben más que nosotros
del tema y se está disponiendo que no participemos en una negociación colectiva.
Aclaramos que no queremos la exclusividad y que solo estamos pidiendo participar
y negociar en lo que refiere a los grupos ocupacionales que representamos
mayoritariamente.

También quisiera comentar que hemos concurrido al Tribunal de lo Contencioso
Administrativa. Tal vez no hayamos manejado a tiempo la derogación de esta ley,
o quizás no esté derogada, pero eso es lo que nosotros leímos. Pensamos que en
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo vamos a obtener la misma
resolución, es decir, vamos a quedar afuera si se siguen aplicando leyes como la
relativa a la industria papelera, cartonera y afines u otras ya derogadas.

¿Por qué creemos que ocurre esto? Para responder eso me voy a referir al
proyecto de ley de Negociación Colectiva en el Sector Público, que fue analizado
por el doctor Eduardo Lust Hitta, Coordinador del Proyecto Marco Normativo de la
Oficina Nacional del Servicio Civil. En el Considerando II dice: "(...) No
existe en nuestro derecho una regulación jurídica sistemática especial de la
negociación colectiva en el sector público" la buscamos pero no la encontramos
"Tan solo hay normas internacionales generales; las principales son las de los
convenios internacionales (...)", y los nombra. En definitiva, por no existir la
ley es que nos ocurre esto.

El doctor Eduardo Lust Hitta también opina: "Nuestro país ha sido
reiteradamente observado por los órganos de control de la OIT a consecuencia del
incumplimiento de las normas internacionales que establecen procedimientos de
negociación, participación y consulta en la administración pública (...)". Es
decir que no tenemos procedimientos.

Como decía, el CIPA hizo esas gestiones que relatamos, y ahora estamos en el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado?
Hemos visto que hay dos proyectos de ley, el de negociación colectiva en el
sector público y el de negociación colectiva en el sector privado. El del sector
público fue aprobado el día de ayer en el Senado. Ustedes tienen en el repartido
lo que fue aprobado, y nosotros hemos remarcado lo siguiente: "El Estado
promoverá y garantizará el libre ejercicio de la negociación colectiva en todos
los niveles. A tales efectos adoptará las medidas adecuadas a fin de facilitar y
fomentar la negociación entre la administración y las organizaciones
representativas de trabajadores públicos". Y nosotros somos representativos de
trabajadores públicos. Esto figura en el artículo 3º del proyecto de
ley.

Por otro lado, en el artículo 14 del proyecto para el sector privado,
que está a consideración de la Cámara de Representantes, dice que cuando exista
más de una organización que se atribuya la legitimidad para negociar y no medie
acuerdo entre ellas, la legitimación para negociar se reconoce a la organización
más representativa, en atención a los criterios de antigüedad, continuidad,
independencia y números de afiliados de la organización. Toma el espíritu de la
ley derogada, y probablemente tome algo de la OIT.

Asimismo, la OIT es poco lo que tiene con respecto al sector público, y en
muchos casos indica claramente que no toca el sector público, porque es
diferente, y por algo se han presentado dos proyectos de ley y tendremos dos
leyes.

El artículo 16 establece que es de aplicación obligatoria para todos los
empleadores y trabajadores del nivel de negociación respectiva. Si de estos dos
proyectos surgiera una ley para el sector público que obligara a los
profesionales jefes y gerentes y en la negociación participara un gremio que no
nos representa y que, por el contrario, nos agrede, estaríamos en una situación
impensable, increíble, pero esas cosas ocurren.

¿Qué se hizo? El CIPA procedió así. El Estado presentó dos proyectos de ley,
que se están estudiando, y ANTEL hizo el mayor esfuerzo para negociar solo con
SUTEL, e ignora al CIPA. El Directorio de ANTEL no nos atiende desde el 31 de
octubre de 2007. Ahora tenemos nobleza obliga la invitación para asistir, pero
no hablamos por razones de trabajo con el Directorio desde octubre de 2007,
aunque sí por razones sociales.

El CIPA ha hecho denuncias públicas, ha salido a la prensa, ha enviado
correos a todos los Senadores y Diputados, a esta Comisión, a la Comisión de
Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado con la que recientemente se
reunió, y también solicitó audiencia a los Ministerios de Industria, Energía y
Minería y de Trabajo y Seguridad Social. También nos comunicamos con
Presidencia. Venimos caminando.

Dijimos que ANTEL hizo el mayor esfuerzo para negociar solo con SUTEL, y
prueba de ello es la propuesta que recientemente presentó para la negociación
colectiva entre ANTEL y SUTEL, y acá tengo lo que había escrito ANTEL en el que
afirmaba que este convenio se aplicará a todos los funcionarios permanentes,
contratados, de función pública, becarios, pasantes y contratados a término, sin
diferenciarlos por el tipo de cargo con el que se desempeñen. A diferencia de
acuerdos anteriores en los que separaban claramente tal vez se recuerde y en el
que el ámbito de aplicación no incluía a los grupos 1 y 2, la propuesta del
Directorio para esta negociación es incluirnos a todos y negociar con SUTEL que
está en nuestra contra. SUTEL también modifica la versión de esta propuesta de
ANTEL, ampliando aún más el ámbito de aplicación, y dice que este convenio se
aplicará a todos los trabajadores sin diferenciarlos por el tipo de contrato o
cargo con el que se desempeñe. Es decir, acá ya se incluye a los contratados y a
otros que están nucleados en otros gremios, por ejemplo, ACCTA Y AETA.

Con fecha 8 de diciembre el Directorio propone una alianza estratégica a
SUTEL en defensa de la empresa y continúa con esta perorata de la que quedamos
fuera, y de seguir así nos representará SUTEL que nos agrede.

¿Qué se puede hacer? Pedimos que haya normativa, reglamentación, en la
búsqueda de un Estado eficiente, que las empresas y los trabajadores conozcan
las reglas de juego hablo del sector público, que estas sean claras, y que los
empleadores y los trabajadores no pasen años discutiendo sobre ellas, en vez de
trabajar y ser eficientes. Desde 2005 estamos con este tema, y es una constante,
en vez de dedicarnos a trabajar y a hacer eficiente a nuestra empresa. Pedimos
que se legisle, pero fundamentalmente legislar evitando la discriminación de las
mayorías en detrimento de las minorías. En este caso, somos minoría y seguiremos
siéndolo por la famosa pirámide de trabajo.

Por otra parte, en el Convenio Nº 98 de la OIT, con referencia a derecho a
sindicación y negociación colectiva, se dice: "El presente Convenio no trata de
la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado
(...)". Lo que dije al principio: hay poca cosa de la OIT relacionada con los
funcionarios públicos y en algunos casos indica claramente que no trata
esto.

Entendemos que los cargos de dirección deberían tener un tratamiento
diferente en la negociación colectiva o, por lo menos, separado. El
artículo 12 de la vieja Ley Nº 10.449, de Consejos de Salarios, dice: "Queda
prohibida la representación de los trabajadores, por trabajadores que desempeñen
cargos de dirección (...)". Se refiere a la parte comercial e industrial, pero
ya se advierte el espíritu de que los cargos tienen tratamiento diferente.

Por su parte, la Ley Nº 15328 si no recuerdo mal, es la que derogó la
ley que se nos aplicó, referida a convenios colectivos e trabajo, establece que
convenio colectivo es todo acuerdo referido a la reglamentación de las
condiciones de trabajo en la actividad privada. En nuestro caso, se nos está
aplicando normativa de la actividad privada. El artículo 7º dice que las
disposiciones contenidas en el convenio colectivo se aplicarán a todos los
empleados de la empresa, así como a aquellos que ingresen durante su vigencia,
salvo que de sus estipulaciones surja que el convenio se refiere exclusivamente
a determinada actividad o categoría de empleados, en cuyo caso comprenderá
solamente a esta. Esto fue lo que ocurrió en el acuerdo anterior entre ANTEL y
SUTEL, que no tuvo en cuenta a los grupos ocupacionales 1 y 2.

El artículo 8º dice que las disposiciones del convenio colectivo no se
aplicarán a los directores gerentes, asesores y personal de confianza, salvo que
en el mismo se establezca lo contrario. ¿Qué está haciendo ANTEL? Los está
incorporando a propósito. El Convenio Nº 98 de la OIT dice que el convenio
deberá aplicarse a todas las personas empleadas en la Administración Pública.
Por lo tanto, nos caería con esta mala representación que vamos a tener. Pero,
en su numeral 2. dice que: "La legislación nacional deberá determinar hasta
qué punto las garantías previstas en el presente Convenio se aplican a los
empleados de alto nivel que, por sus funciones, se considera normalmente que
poseen poder decisorio (...)".

En la hoja siguiente y tomando una recopilación de decisiones y principios
del Comité de Libertad Sindical de los Consejos de Administración de la OIT, en
el numeral 247 dice: "No es necesariamente incompatible con las exigencias
del artículo 2 del Convenio que se niegue al personal superior y de
dirección el derecho de pertenecer al mismo sindicato que los demás trabajadores
(...)", y continúa. El numeral 248 dice que: "Por lo que respecta a las
disposiciones que prohiben al personal de dirección afiliarse a sindicatos de
trabajadores (...)" y sigue. Por su parte, el numeral 253 dice que: "Con
respecto a las personas que ocupan puestos en los que asumen responsabilidades
en materia de dirección o formulación de políticas, el Comité opina que, si bien
se puede excluir a estos funcionarios (...)", y sigue. Es decir que ASSE separa
al personal de dirección. Y para terminar con este repartido, en el nume5al 973,
también de la recopilación, se dice que: "En un caso en que el gobierno,
atendiendo a las condiciones nacionales, había limitado el derecho de entablar
negociaciones colectivas a las dos centrales obreras nacionales de ámbito
general, el Comité estimó que ello no debiera ser óbice para que el sindicato
que representa a la mayoría de los trabajadores de determinada categoría
defienda los intereses de sus afiliados".

En definitiva, considerando que el proyecto de ley viene ahora para la Cámara
de Diputados, nuestro planteo es que en el artículo 3º Derecho de
Negociación Colectiva de la ley de negociación colectiva en el sector público se
contemplen los derechos de las minorías cuando no son defendidas o son atacadas
por el sindicato más representativo, incluyendo un texto similar al siguiente
disculpen el atrevimiento: "Un sindicato que no defienda los intereses de una
determinada categoría de trabajadores, no los podrá representar. En ese caso, la
negociación colectiva se desarrollará a nivel de los trabajadores que
efectivamente defiendan."

Nuestra solicitud es que en el análisis de este proyecto se contemple esta
situación. También les pedimos a todos que, en la medida de lo posible, tomen
las acciones políticas para solucionar esta situación, esto que nos ha generado
un conflicto con ANTEL y que nos está perjudicando enormemente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quisiera hacer una breve consideración.

En primer término, quiero agradecerles mucho la información que nos traen y
lo profundo de la documentación.

Creo que en la democracia es condición necesaria pero no suficiente el
Gobierno de la mayoría. Eso significa que la democracia y el sistema republicano
defienden, precisamente, a las minorías y da los mecanismos necesarios a través
del ordenamiento jurídico para que esas minorías sean respetadas.

Considero que han hecho un planteo muy serio, que estudiaremos los
integrantes de la Comisión. Supongo que cuando esté a estudio el proyecto de ley
de negociación colectiva supongo que vendrá en las próximas semanas; no creo que
entremos a tratarlo en este período, porque ya el 15 de diciembre termina el año
de trabajo, a la hora de su tratamiento, estos insumos van a resultar
importantes.

Como es de estilo, la Comisión va a citar a los diferentes integrantes que
puedan aportar sobre este proyecto de ley.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- En primer lugar, me excuso, porque
llegué algunos minutos tarde.

En segundo término, quisiera valorar el aporte. Me afilio al criterio de la
organización más representativa que define la OIT, pero eso no significa que
después de eso nada y que, obviamente, los trabajadores tienen derecho a
afiliarse o no y tienen derecho a incorporarse a una organización o a otra, si
hay más de una.

Pertenezco a un Partido que, por cierto, a través de la historia, primero
padeció la exclusión de las minorías y después peleó por su integración al
concierto de la vida nacional. Sin ninguna duda, creo que el país terminó
definiendo una tradición de respeto por los derechos de todos,
independientemente de que se encuentren en una situación de mayor o menor
representatividad. Desde ese punto de vista, creo que por lo menos el espíritu
de lo que aquí se ha planteado es que es bueno que estudiemos la posibilidad de
que quede debidamente contemplado en cualquier texto que esta Comisión analice y
que la Cámara apruebe, particularmente, en el marco de la ley de negociación
colectiva en el sector público.

Como bien dice el señor Presidente, este proyecto lo comenzamos a analizar
ahora. Yo no sé si la fórmula será esa u otra pero, por lo pronto, me parece que
el planteo es de recibo. Esa es la reflexión.

Me consta que el CIPA ya estuvo presente en esta Comisión en una oportunidad
anterior denunciando cierto vacío que habría experimentado o recibido según se
nos trasmitió en aquella ocasión, de parte de las autoridades de ANTEL, en el
marco de una suerte de discrepancia con el sindicato mayoritario, con SUTEL. La
pregunta concreta es saber la idea no es reiterar esa discusión si esta
organización gremial que ustedes representan, independientemente de ese
contencioso, tiene una actividad gremial regular, qué cantidad de afiliados
tienen y si, además fue una duda que me quedó de la vez anterior los registros
de este sindicato están conformados por personal de todos los escalafones,
porque me quedé con la idea de que ustedes estaban más bien integrados por
representantes de determinados escalafones, no de todos. Pregunto esto por mera
curiosidad.

SEÑOR FLORES.- Sí, efectivamente, tenemos actividad regular.
Así figura y lo reconoce ANTEL en estos expedientes, cuando evalúa estos tres
ítems a que hacíamos referencia, que eran antigüedad, continuidad e
independencia, y ANTEL reconoce los tres al CIPA y, efectivamente, los tenemos.

En cuanto a la cantidad de afiliados, somos 351, a la fecha. Y aprovecho la
oportunidad para decir que vamos perdiendo afiliados y vamos a seguir
perdiéndolos, por varios motivos. En primer lugar, por razones obvias: los
niveles gerenciales están ocupados por personas mayores que se van jubilando.
Pero, en segundo lugar, por una razón importante, que es que no estamos pudiendo
defender a nuestros socios, a nuestros afiliados, precisamente, porque el
Directorio no nos atiende, porque no podemos representarlos; no podemos hacer
muchas cosas. Hemos pedido integrar Comisiones de trabajo y no podemos hacerlo,
a pesar de que el Ministerio figura en el repartido, exhortó a ANTEL a aumentar
estos ámbitos de trabajo.

Con respecto a quienes forman parte de CIPA, el artículo 2º de nuestros
Estatutos establece: "La Institución que se crea tendrá los siguientes
cometidos: a) propender al acercamiento de Profesionales, Técnicos y Personal
Superior de ANTEL sin desmedro del acercamiento del personal que desee
incorporarse (...)". Pero la realidad es que la mayor parte de nuestros
integrantes más del 98% son funcionarios de los Grupos 1 y 2, es decir, de los
grupos de Dirección.

SEÑOR POZZI.- No sé si en la Administración Pública está
extendido el hecho de que existan asociaciones de profesionales en paralelo con
los sindicatos de trabajadores de las empresas públicas o de los Ministerios. No
sé si hay otros ejemplos en este sentido; por lo menos yo no los conozco. Por
ejemplo, no sé si en UTE o en ANCAP hay algo parecido al CIPA; no tengo idea.

Conocer esto es importante obviamente, lo que ustedes plantean tiene una
visión para tenerlo claro al momento en que discutamos el proyecto de ley;
seguramente lo haremos en el primer trimestre del año que viene. Es muy difícil
legislar para casos puntuales. Si esto estuviera extendido en la función
pública, podríamos buscar una solución, pero es difícil hacerlo cuando el
problema está focalizado en un solo lugar.

Además, en ANTEL se da una situación particular: están ustedes, está AETA,
ACCTA, el Sindicato de Guardahilos, la Asociación de Fleteros, etcétera. Es
decir que hay una dispersión muy grande de organizaciones y de sindicatos; cada
uno defiende a una porción de trabajadores por una cuestión específica. Ustedes
conocerán mejor que nosotros por qué todo eso no se llega a juntar; esas son
internas en las que no tenemos por qué meternos

Concretamente, me gustaría saber si existen situaciones similares en otros
lados.

Por otra parte, más allá de lo que decía el señor Presidente en la primera
parte de su exposición tiene razón, lo cierto del caso es que hoy nos
encontramos con una cuestión que, aparentemente, está ajustada a Derecho. Ha
habido resoluciones en torno a este asunto; ustedes las han cuestionado, pero
fueron reafirmadas. Ahora, ustedes tienen un pleito en el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo. Vamos a ver qué decide; quizás termine cambiando las
resoluciones.

Quisiera saber si en las resoluciones han participado compañeros de ustedes
afiliados a CIPA. Dado que ustedes representan profesionales, técnicos,
abogados, etcétera, quisiera saber si en la parte jurídica de ANTEL lo digo para
saber si en todo esto también hay garantías hay funcionarios afiliados a su
sindicato.

SEÑOR FLORES.- Con respecto a la primera pregunta, es seguro
que hay otros casos, aunque no sé si los hay en la órbita pública. La
diferenciación por categorías ocurre, por ejemplo, en la salud y en el Poder
Judicial. Asimismo, tengo entendido que aquí, en la Cámara de Senadores y en la
de Diputados es un comentario que recibimos, se estaba hablando de separar
algunos gremios, dependiendo de las especializaciones, pero no sé si es así.
Probablemente, en UTE no se dé esta situación.

ANTEL es una empresa que tiene características especiales, que ha ido
cambiando y que está en plena competencia. Ahora, han surgido otros gremios que
representan a trabajadores que por estatuto no pueden ser representados por
SUTEL. Cuando esto arrancó, los estatutos hacían referencia a los funcionarios
de ANTEL, pero ahora ya no son funcionarios; hay otro tipo de relación laboral.
Por ejemplo, podemos mencionar a los fleteros, a los provistos, a los
contratados. Eso es lo que ha llevado a esta dispersión.

Pero SUTEL también ha agredido, y mucho, a los guardahilos; ustedes lo saben,
porque tenían las carpas frente al Palacio Legislativo. SUTEL, en forma
constante, ha ido en contra de muchos otros trabajadores; allá ellos

Por otra parte, debo hacer una salvedad. Al hablar me refiero a las actuales
autoridades del SUTEL. Nosotros creemos en los gremios y en SUTEL. Entendemos
que SUTEL tiene que existir. El problema es que hay autoridades actuales que
están llevando a SUTEL por determinada línea. Ni siquiera reconocen la
pluralidad sindical. Digo esto porque en los repartidos dicen, por ejemplo, que
no existimos; hacen referencia a la supuesta pluralidad sindical.

En cuanto a la otra pregunta, debemos decir que cuando nuestros asociados
abogados han tenido que participar, han debido renunciar al CIPA, ya que no
podían trabajar en ANTEL en un contencioso; no sé si el problema es ético o
reglamentario. Además, ese es otro de los motivos por los que tenemos menos
socios. Es decir que cuando participaron en esas instancias, no lo hicieron como
socios de CIPA. Por lo tanto, hicieron lo que a criterio de ellos tenían que
hacer o recibieron la orden asumimos que muchas veces es así de qué línea seguir
en esta negociación.

Por otra parte, queremos solicitar, si es posible, que la versión
taquigráfica de esta reunión sea enviada a ANTEL, a los Ministerios de
Industria, Energía y Minería y de Trabajo y Seguridad Social, a la Comisión de
Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado y al Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si la Comisión está de acuerdo, no habría
ningún inconveniente. Además, agregaríamos que también fuera enviada a la
Oficina Nacional de Servicio Civil, a la Presidencia de la República, al
Directorio de ANTEL, al PIT-CNT, a SUTEL, a CIPA, a AETA, a ACCTA y al Sindicato
de guardahilos.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- En principio, me merece algún
reparo remitir la versión taquigráfica al Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, salvo que en todo caso se fundamente la solicitud y lleguemos a
la conclusión de que conviene hacerlo. Como se trata de un organismo
jurisdiccional no digo que esto violente su independencia y no hay una litis
planteada si la hubiera, esta Comisión tampoco es parte, no entiendo cuál es el
verdadero sentido de esa solicitud. Otra cosa es remitir la versión taquigráfica
a la Administración, a las partes involucradas. Obviamente, está bien enviársela
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a SUTEL; esas son personas
jurídicas que están directamente relacionadas con el asunto.

Reitero: no entiendo muy bien por qué deberíamos enviársela al Tribunal de lo
Contencioso Administrativo.

SEÑOR FLORES.- Lo mencionamos porque tenemos una demanda de
anulación en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que hace a este tema.
Ahora, hemos podido acceder a información y pensamos que probablemente sea de
utilidad para la resolución. En los expedientes que se han agregado figura todo
lo referente a la Ley Nº 13.556; en eso se basó mucha de esta exclusión.
Por lo que vemos, el artículo 1º de esa Ley está derogado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Solo se remiten las actas cuando así lo
solicita el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Tal vez puedan presentar
esto como prueba, para lo cual incluiremos en la versión taquigráfica el
material que se nos dio. De esa manera, ustedes pueden plantear ante el TCA lo
hablado aquí como una prueba más.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Quiero aclarar mi posición porque
no quiero ser descortés con la delegación. En todo caso, creo que es una
instancia procesal que ellos como parte de la "litis" están en condiciones de
cumplir en cualquier momento o en las instancias procesales que corresponda. Si
oficialmente fuera la Comisión la que remitiera una documentación que no le fue
solicitada por el órgano jurisdiccional, podría interpretarse que estamos
deduciendo alguna tercería y no es el caso.

Creo que sería prudente que no fuera al Tribunal oficialmente desde la
Comisión, sin perjuicio de que cuando les llegue si las partes se la presentan
van a encontrar este intercambio de ideas que estamos teniendo.

SEÑOR POZZI.- Comparto lo dicho por el señor Diputado Pablo
Abdala.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se procederá, entonces. Se enviará la
versión taquigráfica a todos los lugares que especificamos, salvo al Tribunal de
lo Contencioso Administrativo.

Les agradecemos vuestra presencia.

(Se retira de Sala la delegación del CIPA)

(Ingresa a Sala una delegación del Servicio Médico de la
Dirección Nacional de Cárceles)

—— La Comisión tiene el agrado de recibir a los doctores Humberto Rodríguez y
Yoel Pereyra, a los enfermeros José Bedrosian y Sergio Valerio y al Secretario
del Sindicato Policial, cabo Ezequiel López.

SEÑOR BEDROSIAN.- Somos personal técnico y especializado
perteneciente al Servicio de Sanidad Penitenciaria de la Dirección Nacional de
Cárceles que depende del Ministerio del Interior.

Hoy, luego de una veintena de años de labor probada, sin problemas graves
comparados con la media de la salud en nuestro país, hemos sido desplazados,
arrasados, discriminados y hasta ofendidos por la intervención de ASSE.
Desconocemos quién nombró en un momento a la doctora Scarlatta, que asesoró al
Ministerio del Interior careciendo totalmente de experiencia. Acá hay compañeros
médicos que han ido a congresos sobre medicina penitenciaria por todo el mundo.
Esta doctora no tiene formación en medicina carcelaria. Nosotros pensamos que si
había denuncias a nivel del Comisionado o algunas dudas, Salud Pública, como
policía penitenciaria, debió haber intervenido el Servicio y realizado un
informe. No debió haber nombrado a una persona que no tiene experiencia ni la
puede probar.

A partir de esos informes, el 1º de agosto de este año se firmó un convenio
marco entre los Ministerios de Salud Pública y del Interior que no voy a leer,
pero vamos a dejar una copia. Allí se dice que se va a trabajar en forma
coordinada entre ambos Ministerios. Dice que SESAPEN va a prestar sus técnicos,
enfermeros y medios logísticos, y que Salud Pública va a colaborar nombrando
técnicos y a un Director Técnico. Esto no se cumple porque, a menos de treinta
días de instaurado el sistema, todo el personal policial fue desplazado.

Hablé de que fuimos ofendidos porque la doctora Scarlatta nombró a la doctora
Laura Benítez como Directora Técnica, quien nos trató de ladrones y de
traficantes. Esta doctora acumula tres o cuatro cargos de ASSE, y todos sabemos
que eso no se puede hacer. Luego se nombró a un Director Técnico, a una persona
idónea que tiene tres posgrados. No discutimos ni ponemos en tela de juicio la
idoneidad de la gente que está trabajando. Nos quejamos de que fuimos
desplazados de los lugares donde desempeñábamos nuestras tareas en forma
correcta.

En el SESAPEN nunca se nos murió ningún paciente de SAMAR. ASSE que es la que
hoy tiene a cargo la cárcel atendió el caso de Maikol Cardozo dieciséis veces y
no supieron diagnosticar lo que tenía. Después, pobre, falleció en el Hospital
de Clínicas, pero ese Hospital no tuvo nada que ver. ASSE lo atendía en su
domicilio y es la que va hoy a la cárcel supuestamente a atender mejor que
nosotros, que no tuvimos ninguna muerte ni complicación.

El convenio no se cumple. ASSE tomó el control del COMCAR y nos desplazó.
Además, según el convenio esto es lo que más nos preocupa, esto se va a expandir
hacia las restantes cárceles de todo el país. Todos nosotros ingresamos a
trabajar al Ministerio después de 1983 por concurso y ascendemos por concurso.
Nadie fue designado a dedo. Generalmente salen avisos en la prensa y se concursa
para ingresar. Si se hacen cargo de las restantes cárceles no sabemos adónde
vamos a ir a trabajar.

El personal de ASSE que ocupa ese lugar siete enfermeros y ocho médicos fue
designado en forma directa, no solo el Director Técnico y su ayudante, que son
cargos de confianza. El personal ingresó por la Unidad Ejecutora 068, "ASSE", y
no se respetó la lista de suplentes. Esta gente ingresó por amiguismo,
contrariando totalmente la política del señor Presidente de la República, quien
siempre habló de que se ingresaba y se ascendía por concurso.

Como agravante, nuestro salario nominal ronda los $ 10.000, con algo más
por nuestro grado o antigüedad. Los sueldos de los cargos que creó ASSE, al
borde de la Rendición de Cuentas, rondan entre $ 20.000 y $ 30.000,
más gastos de celulares que tienen los encargados que nuestros jefes no tienen,
más viáticos que nosotros no cobramos. Nos dan un escueto viático que no alcanza
para el ómnibus, y a ellos les dan combustible. Además, el Hospital tiene ciento
treinta efectivos en la nómina, pero hacemos guardia menos de la mitad, porque
el resto cobra el sueldo y no concurre a trabajar como debería. Nosotros, como
trabajadores, deslindamos totalmente esa responsabilidad, porque le corresponde
a la Dirección de Cárceles y a la Dirección del SESAPEN, pero eso es algo que
ocurre.

Hace un momento hice referencia a una diferenciación salarial. Entonces, nos
preguntamos si debemos reconocer que el Estado nos paga una miseria, teniendo en
cuenta que somos técnicos y trabajamos en horrendas condiciones y con los
sectores más complejos de la sociedad. Además, entre el personal hemos tenido
heridos y ha habido muertos.

Asimismo, tenemos carencias totales en los lugares de trabajo. Estos son
desastrosos y no soportarían la mínima inspección de ningún Ministerio. Allí hay
ratas, basura, no se limpia, no hay acondicionadores de aire, ventiladores ni
estufas. Los mismos problemas que tienen los reclusos los tenemos nosotros o
quizás más. En cambio a ASSE se le van a dar todas las comodidades y el apoyo
logístico que necesita, como ambulancias o móviles de traslado. Además, les
hicieron baños nuevos y colocaron aire acondicionado.

Queremos destacar que hace aproximadamente sesenta días que están trabajando,
y hay dos choferes, también designados en forma directa, que no tienen móvil.
Esas personas están cobrando su sueldo solo por estar allí.

El nuevo Director Técnico de este servicio y el Jefe de Enfermería convocaron
a varios policías nos conocemos porque somos colegas para ocupar cargos en ese
proyecto de ASSE, pero la doctora Scarlatta lo prohibió. Nosotros nos
preguntamos cuál es el motivo. Quizás se deba a que somos policías, pero una ley
de 1971 permite que el personal del Servicio de Sanidad Penitenciaria acumule
dos cargos y sesenta horas por semana. Por lo tanto, no es ilegal que nosotros
trabajemos en ambos lugares. Pero la doctora Scarlatta dijo que no podíamos
ingresar. Si no es ilegal, ¿cuál es el problema? ¿Que somos policías?

Nosotros somos técnicamente capaces de realizar esa tarea. Nuestra Ministra
lo reconoce, y a través del expediente Nº 10794 de 2008 que podemos dejar
en la Comisión nos traslada al Penal de Libertad porque sostiene que nuestra
capacidad y experiencia son muy elevadas nos elogia y tenemos que ir a reforzar
un centro de alta complejidad, como dicho Penal. Entonces, no entendemos por qué
la doctora Scarlatta, por algún tipo de prejuicio, o el Ministerio de Salud
Pública nos discriminan. Sabemos que nuestro país adhiere a los convenios de la
OIT de no discriminación, y en nuestra Constitución se prohíbe coartar la
libertad laboral. Entonces, alguien va a tener que asumir la responsabilidad de
lo que nos están haciendo. Hoy venimos aquí a informar y a denunciar, pero vamos
a seguir en el camino legal. Además, tenemos el apoyo del sindicato
policial.

Nosotros solicitamos en forma inmediata que se nos permita ingresar al
proyecto de ASSE y cumplir con la doble función. Asimismo, queremos que todos
los cargos de ASSE los que ya ocupó y los que va a ocupar, porque está pidiendo
ampliación cesen y sean concursados, como debe ser. Además, solicitamos, porque
creemos que es justo, que el Estado uruguayo equipare nuestros sueldos a los de
ASSE, ya que ambos pertenecemos a Ministerios y desarrollamos la misma
función.

También informamos que desde hace veinte años trabajamos en un régimen, de
acuerdo a la Ley Orgánica Policial, de 24 horas de guardia semanales, o de 12
horas para quienes hacen policlínica, que son los menos. Por otro lado, si ASSE
ocupa todas las cárceles y nosotros somos trasladados a otra dependencia del
Ministerio del Interior y en otras condiciones, se configuraría un despido
indirecto, porque cambiarían totalmente nuestra forma de trabajo. Además, todos
somos personal presupuestado del Estado.

Por lo tanto, apelamos a la buena gestión y a las investigaciones que se
puedan hacer. Lo que quisimos hacer hoy fue informar para que los señores
Diputados tuvieran conocimiento de esta situación, que nosotros entendemos que
es muy grave, que está escondida y no sale a la prensa. Es más, el doctor Danilo
Rodríguez, por hacer este tipo de declaraciones que no son políticas y el
sindicato está autorizado fue citado y se levantaron actas de sus dichos, como
así también a otros compañeros. Asimismo, se lo amenazó con realizarle un
sumario, pero luego de la intervención del sindicato y de algunos otros
compañeros, misteriosamente, se comunicó a la gente que faltaba declarar que
quedaba sin efecto el levantamiento de actas.

Por lo tanto, ya estamos siendo víctimas de represión por parte de la
Dirección Nacional de Cárceles, del Director Jorge Sas y del Subdirector Sau y
de algunos jefes del Servicio Médico Penitenciario. En realidad, no sabemos qué
tipo de intereses tienen con este proyecto de Salud Pública.

SEÑOR RODRÍGUEZ (don Humberto).- No me voy a extender mucho
porque la exposición del compañero fue excelente.

Solo quiero decir que no es menor lo relativo a los cursos que hemos hecho.
El Servicio Médico Penitenciario ha participado en tres eventos latinoamericanos
todavía no lo hacemos en el resto del mundo, y el Sindicato Médico del Uruguay y
la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina están realizando, desde hace
tres o cuatro años y a través de la Comisión de Derechos Humanos del Sindicato
Médico y de la Comisión del Sector Público, gestiones para que se cree la
Cátedra de Medicina Penitenciaria, cosa que no tenemos en nuestro país, aunque
existe en la región, ya que hay en la Universidad de Buenos Aires, en Santiago
de Chile y en San Pablo. De hecho, en marzo esperamos la visita de inspectores
de rutina de la Cruz Roja Internacional que vienen en el marco de la política
internacional de dicha institución. Ellos investigan, apoyan y trabajan junto a
las personas que prestan asistencia en salud a las personas privadas de
libertad. De hecho, estamos tirando un arduo trabajo que nos ha llevado tres o
cuatro años. Ustedes, más que nadie, saben lo que le cuesta a nuestro país pagar
viáticos y viajes. Pensamos que no es un dato menor que estemos tirando el
trabajo, la especialización y capacitación profesional en la función de la
medicina penitenciaria, que no es poca cosa.

SEÑOR LÓPEZ.- Represento al sindicato policial y vengo a esta
Comisión en apoyo a los compañeros y sus reivindicaciones.

Solo quiero agradecer que nos hayan recibido y dejar constancia que el
sindicato policial está siguiendo atentamente las labores y tareas que están
realizando los enfermeros.

Nosotros entendemos que hemos traído al Poder Legislativo una resolución que
debió haber sido tomada a nivel ejecutivo. Esperamos que ustedes atiendan la
situación como se debe. Consideramos que se trata de una temática laboral, pero
el sindicato considera que no es el momento de tomar medidas y que el tema debe
estudiarse.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Quisiera hacer algunas preguntas a
los efectos aclaratorios, para entender de la mejor manera posible la situación.

En primer lugar, quisiera saber si esta situación tiene que ver tal vez sea
un disparate lo que voy a plantear con aquel paquete de medidas que anunció la
señora Ministra en su momento, que tenían que ver con el plan de seguridad y que
incluían algún capítulo vinculado al servicio médico carcelario.

En segundo término, cuando la delegación habla de una situación conflictiva
con ASSE, no me quedó claro si la situación es que ASSE está interviniendo el
servicio en función de una decisión del Poder Ejecutivo, de un acuerdo entre los
dos Ministerios no lo sé o si ASSE está cumpliendo tareas paralelas al servicio,
porque quedó esa sensación cuando se expresó que, por un lado, el servicio
médico había quedado relegado y olvidado y, por otro, ASSE estaba trabajando en
las mejores condiciones técnicas y dotado de los mejores recursos.

Me parece importante que se ilustren mejor estos aspectos para entender bien
los antecedentes, y cómo se llega a esta situación.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- En el documento que entregamos a la Comisión
adjuntamos una copia del convenio marco y de la resolución ministerial. El
primer punto de convenio marco entre el Ministerio del Interior y el Ministerio
de Salud Pública se refiere a diagnosticar la situación sanitaria del sistema
carcelario, a efectos de establecer políticas de salud penitenciarias
específicas y realizar todas aquellas intervenciones que en esta materia fueran
necesarias a fin de diseñar un plan de atención integral de salud para las
personas privadas de libertad, agregando que al aprobarlo se considerará parte
integrante del presente convenio.

En principio, desconocemos el espíritu de esta resolución de ambos
Ministerios, porque se descarta nuestra capacidad e idoneidad en la función. Por
otra parte, se dice que el servicio médico penitenciario, en base a los estudios
que se han hecho y seminarios en los que hemos participado desde hace tres o
cuatro años, se encuentra abocado a proyectos en VIH-SIDA, tuberculosis, salud
mental, promoción y prevención con efectores de la propia población carcelaria.
De hecho, nosotros ya estamos realizando un diagnóstico de la situación
sanitaria de las personas privadas de libertad, junto con un trabajo notable que
están haciendo la Liga Honoraria para la Lucha Antituberculosa y el Instituto de
Higiene organismos que no pertenecen al Ministerio del Interior y, sin embargo,
hace varios años coparticipan en la salud penitenciaria, y sigue funcionando muy
bien, pero desconocemos por qué se nos relega de nuestra función en la
trinchera, en contacto directo con la persona privada de libertad, y se delega
en médicos y enfermeros cuya capacitación en salud no discutimos pero sí la
capacitación e idoneidad para la función específica de la medicina
penitenciaria, que es bastante más compleja. Llevaría horas explicar cómo se
maneja la medicina penitenciaria. Hay libros y tratados de la OMS, de la Cruz
Roja Internacional, de Médicos Sin Fronteras que tienen que ver con la salud de
las personas privadas de libertad.

Lo que pretendemos y esto empezó con el Gobierno actual, desde el 1º de marzo
de 2005 es que el Ministerio de Salud Pública, así como lo ha hecho con el
Instituto de Higiene en lo que tiene que ver con todos los enfermos VIH
positivos, y con la Liga Honoraria para la Lucha Antituberculosa, en lo
vinculado con la promoción, detección y tratamiento de los enfermos
tuberculosos, hiciera una especie de convenio, pero flexibilizando la manera en
que debemos tratar a nuestros pacientes fuera del ámbito carcelario.

Por supuesto, la medicina tiene distintas etapas de complejidad. Podemos
llamar al médico a nuestras casas por una fiebre, pero si tenemos que operarnos
debemos acudir a un centro capacitado. Lo mismo sucede en el caso de la medicina
penitenciaria, con el agravante de que la persona privada de libertad,
lamentablemente, está último en la jerarquía de quienes deben internarse o
asistirse en los hospitales de Salud Pública. Hace unos años padecimos ese hecho
lamentable de un enfermero muerto en la emergencia del Hospital Maciel por
desconocimiento o porque no existe una flexibilización adecuada ni un convenio
para que estas personas se asistan.

Nosotros no conocimos, por suerte, el Penal de Punta Carretas, donde existió
el primer y único hospital penitenciario verdadero. Una vez que se desmanteló,
cada establecimiento carcelario pasó a contar con un servicio médico, integrado
por un médico y un enfermero de guardia las veinticuatro horas y policlínica de
especialidades. Todo lo que la persona privada libertad requiera en su
asistencia sanitaria fuera de la cárcel, extramuros, tiene que brindarse en los
distintos establecimientos de Salud Pública, con todo lo engorroso que significa
el traslado, conseguir número, coordinar una cirugía, un estudio, etcétera.

Las conversaciones con el Ministerio de Salud Pública llevan varios años.
Primero se intentó crear un nuevo hospital penitenciario, y se conversó que
sería en el Instituto Hanseniano, en el ex Hospital Musto, pero después no se
consiguieron los rubros. Se consideraba que era exagerado tener un hospital
penitenciario, cuando con buenos servicios intramuros se llegaría a los
hospitales, y de hecho lo hacen diez, quince o veinte pacientes por mes.
Entonces, ya que no se puede contar con los recursos y sería exagerado hacer un
hospital penitenciario como otrora tuvimos, pretendíamos esa
flexibilización.

Por motivos que desconocemos, el convenio marco dice que se debe integrar la
guardia médica, que siempre estuvo, con médicos y enfermeros de ASSE. Sigue
existiendo la misma problemática, empeorada, porque la falta de experiencia de
los médicos de guardia hace que en este momento vayan a las puertas de urgencia
de los distintos hospitales nuestra referencia son el Hospital Saint Bois, el
Hospital Maciel y el Hospital Pasteur más pacientes privados de libertad de los
que se requieren, cuando la función primordial del médico de guardia
penitenciario era diagnosticar qué paciente tenía una urgencia y ameritaba que
fuera trasladado. De hecho, hoy se están superpoblando las puertas de urgencia
de los hospitales, recargando el servicio 105 con pacientes que no requieren
urgencia inmediata.

Desconocemos el fondo íntimo de esta resolución. Especulamos con que existe
algún interés económico detrás. Tenemos datos, pero no los podemos comprobar, de
que a través de la ONU llegó, por gestiones de la reconocida organización
paragubernamental Ibiray, que tiene que ver con las condiciones de reclusión de
las personas privadas de libertad, algo así como US$ 35:000.000, que
estaría destinado a la salud de nuestro país en general y, particularmente, a
las personas privadas de libertad

De hecho, la situación de la medicina penitenciaria exige que se flexibilice
y de una buena vez se traten de coordinar debidamente las distintas funciones
dentro y fuera de la cárcel en lo que tiene que ver con la asistencia, y no
sacar a un médico y poner a otro, que ya lo teníamos.

SEÑOR LÓPEZ.- Nuestro sindicato está aquí porque no entiende
por qué en el séptimo punto del convenio, literal b), se establece que el
instituto carcelario va a brindar personal e insumos de edificación. Ellos se
encuentran en una situación que realmente se contrapone a lo que establece el
propio convenio.

SEÑOR POZZI.- ¿Cuánto personal está afectado a este servicio?

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Aproximadamente sesenta funcionarios, entre
los distintos establecimientos, contando los especialistas. Quienes trabajamos
de verdad somos alrededor de sesenta, que se cuentan entre médicos y enfermeros,
dos por día. Eso hace quince funcionarios en cada establecimiento de los cuatro
principales que tenemos: el COMCAR en el cual ya no estamos, el establecimiento
de reclusión de Libertad, el establecimiento La Tablada y la Cárcel de Mujeres.
Hay algún otro especialista que suma, contando al personal administrativo, algo
así como ciento treinta funcionarios. De hecho, el principal afectado es el
personal técnico, que está conformado por aproximadamente sesenta funcionarios.

SEÑOR POZZI.- ¿Son médicos y enfermeros?

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Sí.

En principio lo dice el Convenio Marco del cual les entregamos una copia, el
proyecto se está cumpliendo en el complejo carcelario de Santiago Vázquez. Por
lo tanto, de hecho somos redistribuidos médicos y enfermeros del complejo
carcelario de Santiago Vázquez, en principio, al establecimiento de reclusión de
Libertad y a otras unidades, de acuerdo a lo que estime la jerarquía
correspondiente. O sea que quince personas siete médicos, siete enfermeros,
aproximadamente no estamos trabajando en el complejo carcelario de Santiago
Vázquez y hemos sido redistribuidos entre los distintos establecimientos. La
mayoría ha ido al Penal de Libertad. Algunos, como yo, estamos en La Tablada;
otros están en la Cárcel de Mujeres.

El convenio también dice que de acuerdo a evaluaciones semestrales que se
harían de este proyecto, se implementaría el mismo en los distintos
establecimientos carcelarios, primero, de la Dirección Nacional de Cárceles.
Luego, no lo dice la resolución, pero sí sabemos que es política de Estado que
todas las cárceles del país que, como ustedes saben, cada una pertenece a cada
Jefatura departamental pasen a ser jurisdicción de la Dirección Nacional. Por lo
tanto, presumimos que a mediano y largo plazo todos los establecimientos
penitenciarios sean cubiertos en su parte sanitaria por ASSE. Entonces, en
principio, quince personas ya no están trabajando en el COMCAR.

El jueves o viernes de la semana pasada hubo conversaciones entre jerarquías
de la Cárcel de Mujeres, de ASSE y de nuestro Servicio Médico Penitenciario,
para que en estos próximos días ya se empiece a instrumentar el Servicio Médico
de ASSE en la Cárcel de Mujeres. Esta información es muy subjetiva; es más, es
hasta una opinión, pero cualquiera de nosotros les puede decir que de todos los
establecimientos carcelarios y por muchos motivos, el establecimiento carcelario
de mujeres es el más complejo de todos. A pesar de tener, por supuesto, una
población diferente, y menor que los otros establecimientos, tiene una
complejidad impresionante, porque allí tenemos que lidiar si me permiten la
palabra, con jueces, abogados, asistentes sociales, psiquiatras del Ministerio
de Salud Pública, psicólogos, sociólogos, con todo respeto, con el colega de
ustedes, el señor Comisionado Parlamentario para la atención de las personas
privadas de libertad, que un poco desconocen nuestra tarea e interfieren con la
misma en situaciones que, inclusive, colidan con el ejercicio verdaderamente
profesional y con la independencia profesional que exige la función. Por
supuesto, nunca pudimos acercarnos por nuestra sujeción a la disciplina policial
a hablar públicamente de estos temas, como lo estamos haciendo.

Toda la vida llevo diecisiete años trabajando allí y el compañero Bedrosian
lleva veinte se nos ha complicado la independencia profesional. Como anécdota,
les comento que tuve un Director en el Penal de Libertad que una noche me
preguntó cuánto demoraba el paciente en morirse, en lugar de decirme que ya me
conseguía un móvil para llevarlo al hospital. Cuando el profesional médico tiene
que lidiar con esas jerarquías que nos enmarcan en nuestro trabajo, se hace muy
difícil la tarea. De hecho, en la Cárcel de Mujeres presumimos no quiero ser
alarmista que de configurarse este nuevo Servicio Médico se van a dar
situaciones tremendamente conflictivas.

SEÑOR BEDROSIAN.- Voy a ampliar un poco lo que decía el doctor
Rodríguez.

En la Cárcel de Mujeres, que es donde estoy trabajando ahora además, estamos
rotando permanentemente, hay una tasa de drogadicción altísima. Además, quizás
el 90% de las reclusas ha sufrido el efecto de la pasta base y son personas muy
difíciles de manejar. Para que tengan una idea, con el 20% de los psicofármacos,
de la medicación que se da a una reclusa de la Cárcel de Mujeres se logra
mantener sedado y tranquilo a un recluso complejo del Penal de Libertad. Con
ellas no ocurre lo mismo; hay que trasladarlas al Hospital Vilardebó. Es un
lugar muy difícil de manejar. Coincido totalmente con mi compañero con que es
muy difícil de manejar porque participa mucha gente que desconoce el tema. Hay
intervención de la autoridad policial.

Yo también me atrevo a decir que no podría manejar esto alguien que no
tuviera muchos años en el tema cárceles. Hay gente que dio el concurso, que ha
ingresado a trabajar a Penales, documentó toda su idoneidad y se ha ido llorando
de una guardia porque no la soporta. Es una realidad.

Les voy a leer el Convenio Marco porque les va a aclarar el tema. En general,
el Convenio Marco fue en agosto de este año dice lo siguiente: "Por una parte:
la Ministra del Interior Maestra Daisy Tourné y por otra parte: la Ministra de
Salud Pública Doctora María Julia Muñoz, acuerdan: I) Diagnosticar la situación
sanitaria del Sistema Carcelario a efectos de establecer políticas de Salud
Penitenciaria Específicas.- II) Realizar todas aquellas intervenciones que en
esta materia fueran necesarias a fin de diseñar un Plan de Atención Integral de
Salud para las personas privadas de libertad y, aprobado el mismo, se
considerará parte integrante del presente convenio.- III) En virtud del referido
Plan y bajo la supervisión de la autoridad ministerial correspondiente (MSP),
ASSE como efector de salud público, implementará una política sanitaria
supervisada, la cual se ejecutará en etapas. Tras la determinación de las
patologías prevalentes en las personas privadas de libertad, la primera etapa se
llevará a cabo en el Complejo Carcelario de Santiago Vázquez, priorizando la
atención de dichas patologías.- IV) Será valorada la extensión del presente
acuerdo a otras unidades carcelarias, tras la evaluación de la implementación de
dicho Plan, que se realizará a los seis meses de su inicio". Esto ya se estaba
haciendo; hay un trabajo sobre las patologías prevalentes y, en este punto, es
en el que les hacía hincapié en que se valorará la extensión a todas las
cárceles del país, no solo a las de la Dirección Nacional, sino también a las
que pertenecen a las Jefaturas. Luego el acuerdo sigue diciendo: "La supervisión
técnica del Plan será desarrollada por ASSE y en conjunto, por ambos
ministerios, la evaluación y monitoreo de la ejecución del mismo, los que
designarán responsables para dicha tarea". Esto no ocurre. Sigue: "A los efectos
del proceso de evaluación y monitoreo, los responsables técnicos de ASSE
destinados al Plan, deberán elaborar además, aquellos informes que les sean
solicitados.- VII) En virtud de lo expuesto precedentemente, las partes se
comprometen de conformidad con lo siguiente: a) Por una parte, de acuerdo a la
directiva ministerial, ASSE proporcionará los recursos humanos necesarios para
las tareas de prevención, promoción y atención de la salud de la población
reclusa, correspondiendo a ASSE, bajo la supervisión del MSP, la responsabilidad
de la ejecución del Programa Integral de Atención; se designará un Director
Técnico, por tratarse de un centro de baja complejidad, y será la que gestionará
el servicio de salud referido.- b) Por otra parte, el Ministerio del Interior, a
través de la Dirección Nacional de Cárceles Servicio Médico Penitenciario
proporcionará los insumos, medicación, planta física y el personal médico y de
enfermería dependiente de la autoridad carcelaria, estos dos últimos,
complementando las prestaciones brindadas por el personal de ASSE, en función de
lograr la mayor optimización de los recursos humanos y materiales para el logro
de los objetivos propuestos.- VIII) Ambas partes, Ministerio del Interior y
Ministerio de Salud Pública se comprometen, además, a definir un Protocolo de
actuación y coordinación relativo a aquellos aspectos vinculados con
funcionamiento, logística, infraestructura, seguridad, etc". Esto no ocurrió. Ya
hace sesenta días que están. Nosotros ya no estamos; no hay complementación.

Respondiendo a la pregunta del señor Diputado, después de esto, a los quince
días de comenzarse a implementar, hay una resolución del Ministerio del Interior
el expediente 10794/08, que dice: "Visto: la implementación del Convenio marco
entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública (ASSE).-
Considerando: La inminente puesta en funcionamiento de las actividades
contenidas en el Convenio antes referido y la racionalización de los escasos
recursos para el área de salud penitenciaria.- Atento a lo expuesto, la Ministra
del Interior resuelve: 1º) Dispónese que a partir del 1º de octubre de 2008 la
atención y gestión de los servicios de salud de las personas privadas de
libertad alojadas en el Complejo Carcelario de Santiago Vázquez será de
exclusiva responsabilidad de ASSE y del personal dependiente de la misma".
Cambió el convenio marco.

Y la Resolución continúa: "2º) DISPÓNESE que los funcionarios pertenecientes
a la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación,
que a la fecha de la presente cumplen funciones en los servicios de salud del
COMCAR. pasen a cumplir las mismas funciones sanitarias en el Establecimiento de
Reclusión de Libertad, salvo razones debidamente fundadas que serán evaluadas
por esta Secretaría de Estado, obedeciendo dicho cambio de destino a la
necesidad de reforzar el personal sanitario del Establecimiento de Reclusión de
Libertad, ante el crecimiento de su población reclusa y en virtud de la
capacitación y experiencia del personal médico penitenciario del COMCAR..".
Entonces, no entendemos por qué los sacaron. Además, no todos fueron para
Libertad; es decir que esta Resolución tampoco se cumplió. Algunos fueron,
otros, no y, otros, permanecen donde estaban.

Más adelante se establece que los funcionarios que están en comisión pueden
optar por reintegrarse a los lugares de origen. También vuelve a hablar de los
informes.

Por otra parte, la norma a que hice referencia es la Ley
Nº 16.320, que corresponde a Rendición de Cuentas y Balance de
Ejecución Presupuestal del año 1991. En una parte dice: "Aprobación que regirá
desde el 1º de enero de 1993". Y el artículo 123 establece: "Incorpórase al
personal médico y paramédico del programa 009 'Dirección Nacional de Cárceles,
Penitenciarias y Centros de Recuperación' al régimen de acumulación de cargos
establecido en el artículo 107 del decreto-ley
Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979".

A su vez, el artículo 107 de ese Decreto Ley establece: "Las personas
que ocupan cargos de Enfermeras Universitarias (Escalafón AaB) del Ministerio de
Salud Pública, podrán acumular a su sueldo el de otro cargo que desempeñen en la
Administración Pública, siempre que no exista superposición de horarios entre
ambos cargos, de acuerdo a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo".

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión les agradece la presencia. Les
aclaramos que la versión taquigráfica de esta reunión será enviada a los
Ministerios de Salud Pública, del Interior y de Trabajo y Seguridad Social, a
las Comisiones de Salud Pública y Asistencia Social y de Derechos Humanos de la
Cámara de Representantes, al Sindicato Médico del Uruguay, al sindicato
Policial, al Círculo Policial y al Comisionado Parlamentario.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Quiero acotar que ya tuvimos una entrevista
con la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara alta.
Asimismo, el martes que viene seremos recibimos por la Comisión de Salud Pública
del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, también vamos a remitir la
versión taquigráfica a la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores.

Nuevamente les agradecemos su presencia.

(Se retiran de Sala integrantes del Servicio Médico de la Dirección Nacional
de Cárceles)

(Ingresa a sala un grupo de trabajadores de la pesca no sindicalizados)

——La Comisión de Legislación del Trabajo da la bienvenida a
un grupo de trabajadores de la pesca no sindicalizados, integrado por los
señores Adolfo Fros, Walter Magliano, Juan Carlos Fros y Oscar Luzardo, quienes
ya nos visitaron en otra oportunidad.

Como ustedes solicitaron ser recibidos, les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR FROS (don Juan Carlos).- Quiero agradecer a la Comisión
por recibirnos nuevamente.

Venimos a hacer algunos descargos, porque hicimos una serie de denuncias y,
hasta el momento, no hemos tenido respuestas.

Seguimos con la misma tesitura. Vale aclarar que los únicos que nos han dado
una mano han sido el Partido Colorado y el Partido Blanco. El Partido de
Gobierno prácticamente no nos ha dado nada de corte; se ha dedicado a trancarnos
las negociaciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Precisamente,
venimos de ese Ministerio. Iniciamos un proceso en junio, pero ya está trancado.
No dieron vista a los expedientes, y hoy se aplazó una reunión. Hemos visto que
han desfilado la ANP, Prefectura y el SUNTMA, y han tirado la pelota para el
costado. Nadie se hace responsable del caso nuestro. Y seguimos sin entrar a
puerto, sin trabajar, y siendo discriminados. Además, hay una campaña
publicitaria en nuestra contra, que ya es insoportable. Existen grabaciones y
folletos en que aparecen nuestros nombres y dicen que somos unos carneros que le
queremos sacar la personería jurídica al sindicato.

Pero hay una cosa que quiero dejar bien claro porque no fue dicho. Nosotros
no tenemos nada en contra del gremio. Estamos en contra de los delincuentes que
están al frente del gremio, que han robado y explotado a los trabajadores hasta
el día de hoy. Ese es nuestro problema.

Si hay tiempo suficiente, me gustaría que escucharan una grabación en la que
hablan de nosotros; dura ocho minutos. También les voy a mostrar las
publicidades que han sacado en contra nuestro; les entrego este folleto, que es
el que se ha pegado en todos lados.

Por ejemplo, el 12 de agosto logré conseguir un embarque, y como no era
sindicalizado, me hicieron bajar; me anularon el embarque y me quedé sin
trabajar. Acá tengo el documento que constata que fue anulado; la empresa está
dispuesta a venir a declarar.

Es decir que seguimos en la misma situación. Hace una semana me presenté en
Prefectura para sacar el acceso al Puerto y tampoco me lo emitieron.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Qué empresa fue?

SEÑOR FROS (don Juan Carlos).- No recuerdo el nombre de la
empresa; sí tengo el nombre del barco: "Ave Fénix". Está corroborado que la
empresa me embarcó, pero cuando fui a subir, el sindicato me bajó por no estar
sindicalizado y por tener problemas con ellos.

Se está haciendo una campaña publicitaria en nuestra contra, ya sea radial o
con panfletos que se pegan, diciendo a la gente que nosotros vamos en contra del
sindicato.

Nosotros tenemos una cosa bien clara: todo trabajador tiene que estar
sindicalizado para pelear por sus derechos, pero también tiene derecho a decir
que con determinada persona no quiere trabajar. Estos señores se han dedicado a
robar. Todos sabemos que se violaron s. Además, en varias asambleas se votó que
hubiera una intervención y se violó lo establecido. Hay una cantidad de gente
que está con nosotros, pero hay presiones terribles. Es más, cuando salimos del
Ministerio con el abogado, vinieron ocho personas del sindicato llamadas por el
señor Vignolo. No pasó nada porque vieron que estábamos con el abogado, pero
iban a patotearnos.

Hace una semana fui con un abogado a solicitar el permiso de acceso al
puerto, pero me dijeron que debía asistir en nombre de una empresa o ser
afiliado al SUNTMA. Actualmente, estamos sin trabajo.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Este es un tema insólito que se viene
reiterando. Ayer conversábamos sobre esta cuestión y solicitamos la presencia de
las autoridades de la ANP.

SEÑOR FROS (don Juan Carlos).- Es importante que se escuche la
grabación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Estamos esperando que el radiotécnico haga
los ajustes necesarios.

(Se reproduce la grabación de audio:)

"Siguiendo con el tema parlamentario, cuando fuimos a la Comisión para tratar
el tema FRIPUR, uno de los Diputados, el Diputado blanco Iturralde pidió que
luego de que se hiciera la exposición y se resolviera lo que haya que resolver
en cuanto al tema que fuimos a tratar, la Comisión quería tratar algunos temas
con el sindicato, aprovechando que estábamos presentes. Nosotros ya sabíamos más
o menos por dónde venía la mano.

Resulta que hay algunos trabajadores no afiliados al sindicato que están
haciendo sus gestiones con los parlamentarios blancos y colorados; haciendo
gestiones como que el sindicato tiene el monopolio de los carné de acceso al
puerto y de que si el sindicato no les pasa ese carné, ellos no pueden entrar a
trabajar. Nosotros dejamos clarito que el monopolio no lo tiene el sindicato,
que nosotros figuramos como empresa ante la ANP y que nosotros damos el carné de
acceso al puerto a los trabajadores afiliados porque nos hacemos responsables
del buen uso o mal uso de ese carné, que tiene sanciones previstas para el caso
de que se haga mal uso de ese carné.

Hay cientos de empresas que están figurando en la ANP que pueden tramitar
esos carné de acceso al puerto a estos personajes de la pesca que todos sabemos
que fueron cómplices y alcahuetes de todo ese proceso de desregulación laboral y
flexibilización laboral, antes siendo partícipes de las cooperativas, siendo
partícipes de todos aquellos barcos que salieron sin la autorización del
sindicato. Aparentemente, están planteando denuncias contra el sindicato y
denuncias en todo tipo de ámbito. Siempre agarran a estos Diputados que fueron
los hijos de la desregulación. Estos Diputados como Iturralde y otros más
blancos fueron los que gestaron todo el proceso de desregulación.

Estos trabajadores no afiliados son justamente el engendro de toda esta
desregulación y flexibilización laboral a que se prestaron estos
trabajadores.

SEÑOR.- Son carneros con todas las letras; carneros con guampa
y lana como son, tremendos carneros. Tenemos el derecho de tener dentro de
nuestra organización sindical a nuestros afiliados, y aquellos que la Asamblea
General los expulsa directamente por carnerear... Que ellos vayan y se manejen
con las empresas a las cuales sirvieron toda la vida, que les den el carné de
acceso al puerto y que entren. Nosotros no le cortamos la libertad de trabajo a
nadie; que vayan al puerto, que consigan el carné de acceso al puerto con las
empresas porque son ellas las que pueden otorgarlo mediante negociación con la
ANP, y después que vayan a buscar trabajo a los barcos. Dentro de los barcos que
nosotros tripulamos también hay carneros; están difíciles de sacar, están
difíciles de meterles una pata de cabra para sacarlos.

Nosotros respetamos la ley de libertad sindical en todo su contexto, con el
compañero afiliado y con aquel que no está afiliado.

En cuanto al carné de acceso al puerto, el SUNTMA tiene la potestad de dar el
acceso al puerto a sus afiliados, y ellos que lo consigan con las empresas que
les lambieron las patas toda la vida.

SEÑOR.- Hay una cuestión de que nosotros queremos darles
elementos a los compañeros y es que acá hay una embestida contra el sindicato de
estos personajes no afiliados al sindicato, que está encabezada por Fros, que
todos los trabajadores del sector lo conocemos muy bien, y por Luzardo.

SEÑOR.- Cambió de nombre. Ahora es Oscar "carnero" Luzardo.

SEÑOR.- Estos trabajadores están llevando una ofensiva en
contra de toda la organización, justamente con el apoyo de estos señores
Diputados que fueron los que engendraron todo el proceso de desregulación.

Lo más lamentable de todo esto compañeros es que hay ex compañeros y
dirigentes sindicales de nuestro sindicato que con sus declaraciones denuncian
al sindicato diciendo que fue el sindicato el que bajó de un barco a uno de
estos ex trabajadores de esa empresa. Es muy lamentable que se presten para
hacer los mandados a las empresas y a toda esta manga de atorrantes, estos
Diputados que se encargaron de destrozar todo el movimiento sindical, porque acá
no se trata del SUNTMA.

SEÑORA.- No solo a nosotros nos ha golpeado, sino a otros
sindicatos también.

Ellos se organizan de tal manera que es desintegrar el sindicato, es cargar
la maletita y salir con su dinero a costa de los trabajadores. Lo que logran es
poner en contra a los trabajadores.

Como dijo el "pato", son carneros, así que ahora que le pidan a la empresa
que tantos beneficios buscan.

SEÑOR.- El próximo día miércoles quedamos citados a la
Comisión de Legislación Laboral donde nos van a plantear la problemática de
estos trabajadores que tienen problemas para acceder al puerto.

Una de las cosas que nosotros hemos manejado siempre ha sido que el SUNTMA no
va a bajar absolutamente a ningún trabajador de ningún barco.

SEÑOR.- Por eso mismo, Jorge disculpá que te corte, quería
hacer énfasis en esto. Nosotros en ningún momento, la Dirección del SUNTMA ni el
sindicato en general dijo al patrón del barco donde estaba Luzardo que nosotros
le cortábamos la libertad de trabajo, que nosotros dijimos a ese patrón que él
no estaba autorizado a salir. Jamás le dijimos. Él hace una nota a la empresa y
a la Prefectura diciendo que nosotros lo habíamos hecho.

Nosotros nunca dijimos al capitán del barco, al señor Munúa, que ese
trabajador no podía salir a trabajar en ese barco; jamás. Y lo va a tener que
sostener ahora en cuanto juicio lo llamen. Nunca se lo dijimos.

SEÑOR.- Nosotros, como sindicato, sabemos y tenemos bien
clarito lo que es la represión antisindical, lo que es la libertad sindical, el
derecho positivo y el derecho negativo de la ley de libertad sindical. Por lo
tanto, nosotros, como sindicato, no vamos a prohibir el acceso al trabajo a
ningún trabajador, afiliado o no. Como decía el compañero, hay un montón de
trabajadores de barcos de la flota que no están afiliados y no se les hace el
descuento de la cuota sindical.

SEÑOR.- Y son tremendos carneros.

SEÑOR.- Entonces, que comprueben con documentación si nosotros
le planteamos a alguna empresa que bajara a algún trabajador por el hecho de no
estar afiliado. Eso no nos entraría nunca en la cabeza.

Para terminar esto, que es lamentable, quiero decir que ha salido un
informe..."

(Fin de la grabación)

SEÑOR FROS (don Juan Carlos).- Queda claro que son ellos los
que bajan a la gente. Hay carneros a quienes es difícil ponerles la pata en la
bota. No se puede bajar a la gente porque es personal de confianza de la
empresa.

Dicen que no le descuentan la cuota sindical a nadie, pero a mí me la
descontaron y no se me devolvió. Son $ 800 que me robaron del bolsillo. En
realidad, se dicen muchas mentiras.

Nosotros hemos visto desfilar por acá a una cantidad de personajes diciendo
cualquier disparate, como el señor Franco, pero quienes lo conocemos desde hace
años sabemos que lo único que busca es una silla en el Parlamento. Es un
personaje sillero.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quisiera comentar que no es habitual es la
primera vez que ha ocurrido desde que estoy acá que se escuche una audición. Si
bien lo autorizamos, no sabemos si es de estilo.

Asimismo, quiero explicarles que no podemos meternos, como integrantes de la
Comisión, en un tema interno del sindicato. La preocupación que tenemos es que
haya libertad de trabajo. Lo que queremos es buscar la forma para que las
personas que estén o no afiliadas al sindicato puedan ingresar al puerto.

Por otro lado, debo decir, como integrante del Partido Colorado, que me
siento tocado por lo que dice el volante que trajeron, que será incluido en la
versión taquigráfica. El volante dice que la intención es que se le quite la
personería jurídica al sindicato, pero quiero que conste en la versión
taquigráfica que ese nunca fue el espíritu, y creo que los integrantes de la
Comisión lo tienen claro. Nosotros no cuestionamos que el sindicato tenga la
posibilidad de ingresar al puerto. Lo que cuestionamos es que algunas personas
no puedan hacerlo. Y por eso la Administración Nacional de Puertos se
comprometió a encontrar la forma de que aquellas personas que no están afiliadas
puedan ingresar al puerto. Es más, el señor Diputado Pozzi hizo una propuesta
bien concreta sobre este tema, y como Comisión creo que podemos tratar de citar
nuevamente a la Administración Nacional de Puertos, que en su momento se
comprometió a buscar una solución.

Entiendo lo que se dice en cuanto a los problemas internos sindicales, pero
ese no es un tema que nosotros podamos manejar, ya que así como no corresponde
que los sindicatos se involucren en la interna del Parlamento, nosotros no
podemos ingresar en la interna sindical. Esa mi posición. De todos modos, quiero
dejar claro que en ningún momento se quiso atacar la personería jurídica del
SUNTMA o de cualquier otro sindicato. Lo que creemos es que ustedes tienen
derecho, como cualquier persona de mar, a ingresar al puerto para buscar trabajo
en el muelle Mántaras.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- El tema lo hemos discutido varias
veces y en el día de ayer pedimos que se hablara nuevamente con la ANP, pero
todavía no hemos tenido noticias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Aún no las hemos recibido.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Lo que quiero plantear es que tengo
conocimiento, debido al diálogo permanente que mantengo con los señores porque
me he preocupado por el tema no escabullo el bulto de decir que me he preocupado
por la situación que están atravesando y estoy tratando de buscar una solución
porque creo que vale la pena preocuparse porque sea efectiva la libertad de
trabajo, de que el tema está trancado en el Ministerio. Por lo tanto, creo que
podemos manifestar al señor Ministro la preocupación existente por este tema.

Creo que los sindicatos tienen total libertad para promoverse, y me sumo a
las palabras del Presidente en cuanto a que la intención no es perjudicar al
sindicato, pero tampoco podemos permitir que este perjudique a alguien en su
libertad de trabajo. Pienso que el enojo que esos señores tienen conmigo, que no
es recíproco, no me habilita a dialogar con el sindicato pero, de todos modos,
creo que no estaría mal buscar alguna línea de diálogo con este para saber si es
posible bajar la pelota al piso.

SEÑOR POZZI.- Hablé al Puerto ayer y se me dijo que se está
buscando una forma para que ingresen al puerto, no solo ustedes, porque hay
varios casos más. La Dirección Nacional de Puertos, cuando concurrió a esta
Comisión eso figura en la versión taquigráfica, la que les fue enviada dijo que
el tema no se había planteado nunca y por eso no estaba previsto.

Por lo tanto, voy a pedir quiero que quede en la versión taquigráfica al
Presidente de la Comisión y al señor Diputado Iturralde Viñas que llamen al
señor Silbermann hoy en la tarde para que les dé la versión oficial de los pasos
que se están dando para solucionar este problema porque, efectivamente, algo se
está haciendo, aunque no me voy a referir a ello. El señor Juan Carlos Fros
manifestó que el Partido Nacional y el Partido Colorado se mostraron preocupados
por el asunto. Por lo tanto, como la confianza está puesta en una parte me
gustaría que ellos trasmitieran los pasos que la Administración Nacional de
Puertos está dando para solucionar el problema, lo cual no es fácil, pero se va
a arreglar. Como dije, me gustaría que el Presidente de la Comisión y el señor
Diputado Iturralde Viñas llamaran por teléfono al señor Gastón Silbermann hoy en
la tarde para no hacerlo venir, aunque lo haría con todo gusto para que les
cuente de las reuniones que se han mantenido y con quién gente de confianza,
inclusive, del señor Diputado Iturralde Viñas, para tratar de encontrar una
solución al problema del ingreso de la gente al puerto, cuestión que se va a
arreglar. He manifestado que se está tratando de solucionar el problema porque
lo sé, pero no soy garante de esta situación. Por eso, reitero, me gustaría que
el Presidente y el señor Diputado Iturralde Viñas llamaran por teléfono al señor
Silbermann.

También me gustaría comentar ustedes confiarán o no, porque sabemos que la
vida real es diferente a lo que se dice que el SUNTMA, hace tres días, dijo aquí
que tienen derecho a trabajar, lo que quedó registrado en la versión
taquigráfica. En dicha oportunidad el suplente del señor Diputado Iturralde
Viñas, el señor Diputado Cabrera Casas, preguntó si había algún problema en que
la gente que no está afiliada al sindicato embarcara y se le dijo que no.
Reitero que me remito a lo que se dice acá, porque lo que sucede en la vida no
se sabe.

En esa oportunidad se le hizo esa pregunta dos veces al señor Franco y él
contestó que no había ningún tipo de impedimento para ello y que tienen gente
que no está afiliada al sindicato trabajando en los barcos. Después de que el
señor Franco dijo eso, el señor Diputado Cabrera Casas lo interrumpió y le dijo:
"Dado que no existe ninguna resolución que establezca que no se embarcará a
trabajadores que no sean afiliados, debo concluir que el SUNTMA no tiene ningún
tipo de inconveniente en que sus afiliados se embarquen junto a trabajadores no
sindicalizados". A esto, es señor Franco responde: "No tenemos ningún
inconveniente. Es más: nos gustaría que hubiese reciprocidad, por ejemplo, en
los barcos de FRIPUR, y que los afiliados al SUNTMA pudieran embarcar
libremente. Inclusive, podemos darles una lista de los trabajadores (...)". Esto
es lo que figura en la versión taquigráfica.

Yo sé que la vida es mucho más rica que lo que se dice acá y figura allí,
pero simplemente quiero decir que se les va a comunicar cómo está la situación
en la ANP para que la gente que no está en una empresa, en una asociación civil
ni en ninguna otra organización que le permita tener el documento, pueda
ingresar al puerto a buscar trabajo. Como dije, se están haciendo gestiones y
creo que eso se va arreglar.

Por supuesto, todos defendemos la libertad de trabajo y consideramos que
todos los trabajadores los que están afiliados y los que no lo están tienen
derecho a trabajar. No sé si se podría hacer algo más.

SEÑOR PRESIDENTE.- En primer lugar, no tengo problema en
llamar a Silbermann, pero a mí, como Diputado, me alcanza con que el señor
Diputado Pozzi lo comunique, porque hemos procedido en un ambiente de trabajo
totalmente fraterno.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- ¡Apoyado!

SEÑOR PRESIDENTE.- Es más, hemos integrado varias comisiones
de relacionamiento, y por eso digo que no necesito llamar al señor Silbermann.
La palabra del señor Diputado Pozzi me sirve más que la Silbermann, que no sé ni
quién es. Estuvo acá, es un buen tipo, pero nada más. Además, conozco la buena
voluntad del señor Diputado Pozzi y él mismo planteó la solución delante de la
ANP.

En segundo término, quiero saber si los invitados pidieron alguna vez
audiencia a la ANP.

SEÑOR FROS (don Juan Carlos).- No.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ese fue un error, porque de lo que dice la
ANP nunca nos enteramos, porque nadie nos comunicó. Es más, dijeron que se
enteraron en el momento en que vinieron a la Comisión. Tal vez hubiera sido
bueno pedir lo podrían hacer hoy una audiencia a la ANP, al señor Silbermann.

En tercer lugar, con respecto a la audición, básicamente lo que escuché es lo
que figura en la versión taquigráfica, con otro lenguaje, es verdad, porque acá
obviamente todos nos cuidamos de decir algunas palabras, que se dijeron
allí.

Creo que lo que hoy podemos hacer es escuchar al señor Diputado Pozzi que nos
cuente lo que le dijo Silbermann para nosotros alcanza con su palabra, que
ustedes pidan una audiencia con la ANP y seguir analizando la situación.

Entiendo que la urgencia que tienen nuestros visitantes a veces nos se
acompasa con los tiempos burocráticos o políticos. Trataremos de acelerar los
trámites al máximo, y creemos que esta situación se va a solucionar.

SEÑOR FROS (don Juan Carlos).- En primer lugar, quiero decir
al señor Diputado Pozzi que esta situación no pasa por banderas políticas ni
nada por el estilo. Dije que quienes nos dieron una mano fueron los señores del
Partido Colorado y del Partido Nacional porque cuando fui a hablar con usted nos
mandó a la DINARA. Nosotros no conocíamos el ámbito de esta Comisión ni nada.
Con el primero que fuimos a hablar fue con usted. Como no encontramos
reciprocidad, vinimos a hablar directamente acá, y quienes nos dieron una mano
para movernos fueron los señores del Partido Colorado y del Partido Nacional.

En segundo término, también está la versión taquigráfica de la sesión en la
que vino Fripur. Ahí el SUNTMA dijo que nosotros dimos una mano a la
flexibilización laboral y una cantidad de cosas más. En todo caso, el SUNTMA dio
una mano a la flexibilización laboral a todas las empresas, porque se perdieron
todos los remolques. Cuando nosotros hacíamos los remolques se cobraba una carga
completa, y ahora se cobra por hora. La licencia era nueve a uno, y ahora se
paga once a uno. Estas son internas del sindicato y a la Comisión no le
interesan, pero lo planteo para aclarar la situación.

El SUNTMA dice que no tiene problemas, pero el señor Mallada de Fripur dijo
bien claro que quienes eligen al tripulante son el capitán y el contramaestre.
Si hoy usted no tiene un papelito blanco en el que se diga que es afiliado al
SUNTMA, no puede subir a un barco. Si sube, lo bajan.

El señor Diputado Pozzi tiene las pruebas de lo que dijo el SUNTMA y figura
en la versión taquigráfica, pero yo tengo la prueba de mi libreta, cartas de
compañeros y otras libretas selladas, que demuestran que si subimos a un barco
nos despiden por no ser afiliados. Yo tengo pruebas contundentes. Las de ellos
son la versión taquigráfica, pero la realidad indica otra cosa.

Cuando uno sube al barco y no es afiliado, lo echan, y tengo las pruebas. A
mí me descontaron una cuota para un sindicato, con el que no estoy de acuerdo,
porque creo que son unos delincuentes y lo sigo afirmando, porque se han robado
toda la plata y quiero lograr que el Ministerio de Educación y Cultura
intervenga, para que eso se aclare. Yo no estoy solo en esto. La foto que les
mostré es de la cartelera del SUNTMA. Hay una cantidad de gente que no va al
frente contra ellos porque no quieren perder el laburo, porque si no están
afiliados no podrían embarcar, lo mismo que nosotros. Nosotros ya estamos
jugados, pero hay gente que nos está apoyando desde adentro.

Entonces, ellos dicen una cosa, pero las pruebas las tenemos nosotros. A mí
me dejaron sin trabajar. Un capitán me convocó para un embarque el 12 de agosto
y cuando me presenté me dijeron: "Bájense muchachos; este señor no sale". No voy
a pecharme con una empresa. Me voy yo, porque la gente no se va a quedar sin
trabajar. Esa es la situación real, y lo que el SUNTMA diga acá es otra
cosa.

SEÑOR LUZARDO.- Traje documentos, y quiero que le saquen
fotocopias, que son pruebas contundentes, y no lo que dice el señor Franco.
Nunca mentí. Aprendí a trabajar sin mentir, y cuando hablo miro a la cara de la
gente. ¿Adónde voy a trabajar ahora con esto que se colgó en la cartelera del
SUNTMA después de treinta años de trabajo?

Tengo una familia para darle de comer. Hace siete meses que no trabajo, y yo
no cometí ningún error. Acá están las pruebas. En 1975 tengo recibos en los que
se me descontaba la cuota sindical que demuestran que estaba afiliado al
sindicato, otros que prueban que voté en las elecciones de 1996, cuando ya
estaba trabajando en las cooperativas, que se iniciaron en 1995. Todo está
documentado.

Yo me fui del sindicato en 1996 por un problema con esta misma directiva,
integrada por el señor Pedro Franco y el señor Omar Viera. Me fui del sindicato
por culpa de esos señores, porque había faltado una plata. Yo no acuso a nadie,
porque no tengo pruebas y cuando digo las cosas las digo con pruebas.

Entonces, me molesta lo que declaró Franco acá tengo casi todas las versiones
taquigráficas y siento dolor. Tengo cincuenta años y trabajo desde que tengo
ocho. No tengo estudios y tal vez no sepa hablar, pero jamás mentí e hice las
cosas como tienen que ser. Me duele todo lo que está pasando, porque me quedé
sin dar el pan a mi hija. Tengo solo una hija, pero no tengo ni para pagarle los
boletos, y me siento mal. No tengo para llevar el pan a la mesa. No tengo
seguridad social, no tengo nada. Tengo caries, pero no tengo ni para sacarme el
carné de salud. ¿Adónde voy a ir a trabajar? Me destrozaron la vida.

Trabajé toda mi vida. No hice ningún daño. No sé por qué pasó esto, si es una
persecución sindical o si cuatro compañeros dieron manija. No sé qué pasa.

En el conflicto pasado me fui a reafiliar al sindicato para no tener
problema. Allí me aceptaron ciento setenta y cinco compañeros. Estuve un año, y
después cincuenta y cinco personas me echaron, violando los estatutos del
sindicato, los convenios de la OIT y la Constitución. No sé cuántas cosas
violaron, y todavía quieren tener razón. Dicen falacias. No dicen la verdad. Yo
miro a la cara de la gente y digo la verdad, porque lo digo con el dolor en el
alma de un trabajador que toda la vida trabajó para su país y pagó todo lo que
debe pagar un trabajador. Ahora no tengo nada. En estos siete meses tuve que
vender la tele para comprar un pan, y otra cosa para comprar un kilo de
azúcar.

Hemos pedido por todos lados. La Comisión nos atendió muy bien. Con los
cincuenta años que tengo no conocía el Palacio. Lo juro por Dios. Llegué acá por
intermedio de mi suegro, que fue compañero del señor Pozzi. Nosotros somos gente
de trabajo, gente de mar, no sabemos hablar con palabras bonitas de otras gentes
que envuelven a todo el mundo, y es lo que está pasando. Prefiero ser sincero y
como soy, derecho, nada más. No sé expresar cosas bonitas y lindas, como ciertas
personas que se sientan acá. Es como tener un traje sucio y el alma limpia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradeceríamos al señor Diputado Pozzi que
nos informara acerca de la conversación que tuvo ayer con el señor Silbermann.

SEÑOR POZZI.- Yo hablé ayer con Silbermann, a raíz de que se
planteó nuevamente el tema. Sé que ha tenido reuniones con la Inspección General
del Trabajo. Están trabajando con Mariana Narducci. Creo que la idea es generar
un registro en el que pueda incluirse a la gente que no está en ninguna parte
pero que es gente de mar, a los efectos de que puedan otorgarles el carné de
entrada al puerto para ir a Mántaras a buscar empleo. Esa es la idea que están
manejando. Ayer u hoy tenían una reunión con Mariana Narducci por ese tema.
Alguna solución les van a encontrar para que ustedes y otra gente pueda entrar.

SEÑOR LUZARDO.- Por más que nos revistan de oro los permisos,
¿le parece que podemos entrar al Puerto? ¡No vamos a entrar nunca más al Puerto!
¡Nunca más! Eso hay que sacárselo de la cabeza, porque si entramos al Puerto,
terminamos presos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Yo creo que no va a suceder eso. Ya ve que
se está tratando de encontrar una solución. Confiemos en que todo va a salir
bien.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Quiero reafirmar lo que dijo el señor
Presidente en cuanto a la confianza, en especial con el señor Diputado Pozzi,
que es un buen compañero y muy confiable. Hemos trabajado siempre bien con él y
descuento la voluntad que pone para solucionar este tema. Lo que pasa a veces es
que hay lógicas que uno no controla y no puede torcer ni enderezar

No tengo ningún reparo en sentarme a conversar con esta gente, porque creo
que lo que hay que hacer es tender puentes de entendimiento y, si al señor
Diputado Pozzi le parece, creo que tendríamos que tratar de hacer una gestión
para acercar a las partes y buscar una solución que no pasa solamente por un
papel, porque Silbermann solucione, Narducci controle y que los dejen entrar al
Puerto para que se embarque, sino que hay cosas que tenemos que terminar. Vamos
a tratar de buscar un entendimiento.

Creo que la cosa va por ahí. El señor Diputado Pozzi conoce más la lógica
sindical que yo, pero yo algo conozco. Me parece que lo que tenemos que hacer es
buscar una solución en ese sentido.

SEÑOR LUZARDO.- Yo peleé por el sindicato en 1984, salí a
pedir por todos lados y para mí es como la bandera de Peñarol o de Nacional, uno
lo siente adentro. Eso es así. Cada uno tiene su amorcito por sus cosas.

En el año 1996 tuve una discusión con los compañeros y me retiré del
sindicato, porque tuve una discordia, pero luego volví, por lo que sé lo que es
un sindicato. No estoy en contra del sindicato. Sé lo que es y cómo me defiende.
Quizá yo no necesito que me defienda, porque he trabajado veinte años con las
empresas y peleaba por mi barcada, por mi gente. Estuve quince años de
Contramaestre y tengo testigos de que no soy una mala persona, porque siempre
peleaba por mis compañeros: por la ropa de agua, por la comida, por la plata.
Los armadores me ofrecían plata y yo jamás agarré un peso de más; jamás, porque
se me cae la cara de vergüenza, porque tengo diez compañeros en cubierta que
están haciendo el trabajo conmigo. Y para mí es un equipo.

En el año 2005, el Sindicato hizo una amnistía para recuperar gente, porque
la gente de la merluza no estaba afiliada. Se habían ido por los problemas
internos que había allí. Y, por una razón o por al otra, la gente se empezó a
ir. Hicieron una amnistía y toda la gente volvió. Sin embargo, en vez de seguir
recuperando gente empezaron a señalar con el dedo. En mi caso, es algo tétrico,
que no tiene lugar. Por eso, cuando vean los papeles, verán que trabajando en
cooperativas se me descontaba la cuota sindical en el año 1995. Está todo
documentado, y no voy a poder subir a ningún barco más, no solamente por esto
sino porque está la carta del patrón. Un patrón de un barco no va a hacer una
carta está también la empresa, Bodasur diciendo que esto es contra el sindicato,
porque la persona que la hizo, es el Presidente de SUDEPU y es el patrón del
barco. Él me dijo que no me podía subir porque iba a tener problemas con el
sindicato y le bajaban a la gente. Me dijo que el sindicato bajaba a la gente,
no que la gente se bajaba. Pero estoy dispuesto a que la gente venga a declarar.
Voy a hacer citar al Ministerio a la gente de la barcada y al patrón del barco,
porque el sindicato dice que la barcada no me quería como persona. Fueron a
hablar al barco, a decir a la gente que tenían que mentir. La gente dijo que no
iba a mentir, porque soy un excelente profesional y un excelente compañero. Esa
gente está dispuesta a ir a declarar, y van a tener que ir porque los voy a
hacer citar, porque a mí no me gustan las mentiras. Me gusta la verdad. Yo voy
de frente y me doy contra una pared, pero siempre con la verdad. No me gustan
las mentiras. Ellos van para atrás, para adelante y para los costados y nunca
llegan a una verdad.

SEÑOR FROS (don Juan Carlos).- Quería dejar claro que, como
dijimos, nuestro problema no es contra la organización sindical. El tema es
personal, y lo tienen ellos con nosotros. Quería que quedara en la versión
taquigráfica que este no es un tema contra la organización ni se trata de
quitarle la personería jurídica. El que tiene que pagar, que pague, y son los
delincuentes que están ahí. Quiero que eso quede claro, porque es la parte que
se está manejando.

SEÑOR POZZI.- Para que no quede sin contestación la propuesta
del señor Diputado Iturralde Viñas, estoy de acuerdo en que tratemos de hacer
algo. Estoy para dar una mano.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Entonces, veremos si hay alguna
posibilidad de acercamiento.

SEÑOR LUZARDO.- No creo, porque son necios y patoteros. Esto
que ustedes ven, es una cortina de humo, porque hay cosas para tapar.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Este es un tema que hemos tratado
reiteradas veces en la Comisión, pero quisiera saber cuántas personas están
sufriendo esta situación, porque yo veo que más allá de la ilegitimidad de la
situación y de que eso es independiente de que sean uno, diez o cien, creo que
hay una especie de personalización del tema. Veo que a raíz de esta situación
hay una suerte de enfrentamiento entre la dirigencia sindical y ustedes, con
nombre y apellido, como algo focalizado. Pero, en realidad, supongo que no son
ustedes, sino muchas más personas. ¿Es así?

SEÑOR LUZARDO.- Hay más de cincuenta compañeros, tal vez cien.
El tema es que si alguien tiene un conocido en Colonia se va para ahí, y por un
lado u otro va consiguiendo laburos. Tengo compañeros en Buquebus y otros que
están desparramados por todos lados. Como dijimos en un principio, no podemos ir
uno por uno.

Hay un compañero que hace no sé cuánto que está sin trabajo, después de más
de veinte años de trabajo. Era cocinero, y su señora tiene peluquería en La
Teja. Así como él hay una cantidad. Hoy faltan dos compañeros que no han podido
venir porque no tienen ni para el boleto. Pero podemos salir a recuperar a esa
gente. El problema es que ya pasaron siete meses.

SEÑOR FROS (don Juan Carlos).- Queremos saber qué
posibilidades hay de que nos den una mano en el tema que ya planteamos para ver
si se puede destrancar un poco lo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
que está totalmente trancado. Recién hoy tuvimos una audiencia pero no se había
dado vista a los abogados de las partes y se tuvo que aplazar de vuelta. O sea
que es una tranca de todos lados. Quisiera saber si se puede hacer algo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dentro de sus posibilidades, la Comisión se
está ocupando.

SEÑOR LUZARDO.- Nosotros les agradecemos mucho.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay un planteo, que creo que vamos a apoyar
todos, en el sentido de que los señores Diputados Pozzi e Iturralde Viñas
generen los mecanismos de entendimiento, tanto con el sindicato como con el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con la ANP. Vamos a confiar en el
esfuerzo de estos dos compañeros. Nos comprometemos a seguir ayudando.

La versión taquigráfica será remitida al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, a la Cámara de Armadores, al PIT-CNT, a la Administración Nacional de
Puertos, a la DINARA, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y al
Ministerio de Industria, Energía y Minería.

La Comisión agradece vuestra presencia.

Se levanta la reunión.

Montevideo,
Uruguay. Poder
Legislativo.